El gobierno de Axel Kicillof anunció que denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los funcionarios responsables por la casi nula ejecución del Fondo Hídrico. Lo hizo en una conferencia de prensa en La Plata que encabezaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard.

“Por instrucción del gobernador queremos anunciar dos acciones”, comenzó Katopodis. La primera es una presentación ante la Justicia, que según adelantó se concretará en las próximas horas, por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La segunda es la participación de la Provincia en la audiencia pública del 26 de octubre vinculada a la privatización de AySA, donde buscará impugnar el aumento de tarifas.

El ministro apuntó a que el Gobierno nacional cobra el impuesto a los combustibles, pero no destina los recursos a las obras que fija la ley. “Cobra 24x7 en todas las estaciones de servicio del país y no hace las obras. Pone a la población a la intemperie por negligencia e irresponsabilidad”, sostuvo. Y agregó: “Es gravísimo y frente a El Niño es aún más grave. La Justicia penal debe determinar si hay algún delito”.

Según pudo saber Ámbito, Katopodis irá en persona a los Tribunales federales, entre el lunes y martes, para radicar la denuncia. Además, en La Plata prevén convocar a gobernadores y municipios de todo el país que quieren sumarse a la presentación. El Casa de Gobierno explicaron que el reclamo tiene un antecedente: el Consejo Hídrico Federal (COHIFe) ya intimó al Gobierno nacional a usar esos fondos para obras. “No se puede naturalizar que no nos paguen. A esta altura, ese dinero serviría aunque sea para la limpieza de canales”, señalaron fuentes oficiales.

Según el informe que presentó el ministerio bonaerense, el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica recibe el 4,31% del Impuesto a los Combustibles, que por ley debe destinarse a obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas. En el promedio de 2024, 2025 y 2026, la asignación por ley fue de $402.931 millones, mientras que el gasto de capital en obras alcanzó los $147.834 millones, es decir, apenas el 36,7%. “Uno de cada tres pesos solo invierte”, resumió Katopodis.

El documento sostiene además que al cierre del primer trimestre de 2026 el fondo contaba con $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones, el 85,49%, se colocaron en Letras del Tesoro. “No hacen obras hídricas pero sí timba financiera”, cuestionó el funcionario. Con esos recursos, según la Provincia, se podrían haber hecho 40 obras como la adecuación del cauce del río Areco, ocho como la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca o tres como el mejoramiento del tramo medio del río Luján.

“Todos los presidentes democráticos cumplieron en utilizar una parte de esos fondos para arreglar rutas y otra para el Fondo Hídrico. Milei no lo cumple”, insistió. “Cada decisión que toman es para joder a la Provincia. Se nota que poner un palo en la rueda en la Provincia termina generando un perjuicio muy grande a la producción y a la población en general”, disparó.

La preocupación se agrava por el avance de El Niño. Los mapas de humedad del suelo que exhibió el ministerio muestran que entre la primera y la segunda semana de octubre se extendió la superficie saturada en buena parte del territorio bonaerense. “No hay duda de que vamos a tener que afrontar una situación muy grave en los próximos meses”, advirtió Katopodis.

Otro de los reclamos fue por los créditos internacionales que la Provincia tiene aprobados para obras hidráulicas y que esperan el aval de Milei, Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Uno es de u$s200 millones, para un túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos en la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que beneficiaría a Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. El otro es de u$s120 millones, para obras en el Nodo Bragado, en la cuenca del río Salado.

“Es lo único que pedimos, pero lo viene rechazando”, señaló Katopodis, y remarcó que es la primera vez en 40 años de democracia que Nación le niega a la Provincia avales para financiar obras. Según el informe oficial, el Gobierno nacional aprobó 18 créditos a 10 provincias por una inversión estimada de u$s1.973 millones, y Buenos Aires quedó afuera.

El ministro también acusó a Caputo de haber usado un crédito destinado a prevenir inundaciones para refinanciar deuda. Se trata del préstamo BIRF 9516-AR del Banco Mundial, de u$s200 millones, aprobado en agosto de 2023 para infraestructura resiliente al clima y gestión del riesgo de inundaciones urbanas. De acuerdo con la Provincia, la actual gestión no lo ejecutó para obras y los fondos se usaron para financiar la deuda del Estado.

Sobre AySA, Katopodis advirtió que “en todo el mundo los Estados administran este recurso estratégico y esencial” y que “en Argentina se quiere rematar este servicio”. El informe señala que 18 de los 20 países con mayor desarrollo gestionan el agua con operadores estatales y que en América Latina solo Chile tiene el servicio privatizado.

Según datos del Instituto Argentina Grande que citó la Provincia, desde 2024 las tarifas de AySA aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación creció 135% en términos reales, mientras que la inversión en obras cayó 75% real. Entre 2019 y 2023 la empresa finalizó 1.307 obras. Tenía 273 en ejecución a diciembre de 2023 y a mayo de 2026 no registraba ninguna con avance físico.

“AySA después de muchos años es una empresa saneada y superavitaria. El Gobierno no tiene mejor idea que regalarla”, sostuvo Katopodis. Y advirtió que “la ganancia de los nuevos prestatarios la tendrán cobrando tarifazos, pero sin hacer obras de expansión y mantenimiento”. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no tiene cloacas. “Los estamos condenando a una situación sanitaria grave”, alertó.